Por Avenabet Mercado
Los estados están obligados, según el Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, a "adoptar posiciones y
estrategias conjuntas para la defensa legítima de sus respectivos connacionales
en el exterior" frente a medidas tendientes a su repatriación o expulsión.
Las autoridades en Panamá deberán
dedicar capítulos especiales a esos planteamientos debido al flujo constantes
de emigrantes por el territorio nacional, principalmente en los únicos puntos
fronterizos de Costa Rica y Colombia
como son las trochas de Paso Canoas y Darién.
Y
no solamente debe hacer el esfuerzo Panamá, sino que también las
naciones del Istmo Centroamericanos tendrán que sumarse a un trabajo conjunto
de políticas serias, honestas y amigables con la realidad social que se vive en
la región acorralada por los niveles de desempleo, crisis en la familia y una
violencia de pandillas que avanza sin control igual que un Caballo de Troya.
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Bélices, Panamá y Colombia, incluyendo a México, tienen unos grandes
compromisos aplicables a la atención de las causas de la migración forzada y a
la obligación de propiciar un cambio progresivo en la calidad de vida de sus
pueblos.
Y pensamos está ocasión será bien
oportuna cuando, en pocos días, el Consejo Centroamericano de Procuradores de
Derechos Humanos inicie reunión durante el mes de marzo en Panamá para abordar la problemática
de las personas migrantes y los desplazados en Centroamérica.
Durante estas reuniones los
cancilleres de la región, expertos en temas de Derechos Humanos, sociólogos,
autoridades de policías, empresarios, abogados en sí los Gobiernos deberán
dejar a un lado cualquier diferencia regional sentarse con seriedad y más celeridad para apoyar oportunamente con
acciones concretas una realidad social que hoy nos golpea a todos.
La migración "no debe ser
criminalizada" por los países de tránsito y de destino, pues con ello
"violentan los derechos humanos" de los migrantes, quienes tienen
derecho al reconocimiento y respeto de su personalidad jurídica.
Entonces, oportuno es el momento
en Panamá, es necesario “avanzar “en la implementación del Plan Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica para contrarrestar los
factores que causan el desplazamientos forzado y la migración irregular. La
trata de blanca, escenas bien dolorosas y humillantes, es un problema de todo; empecemos
hoy, desde cualquier instancia, a velar y exigir pleno respeto de los derechos
humanos que centralicen su atención en
la población migrante y sus familiares.
.jpeg)
