Presentación en la RAE la Historia de la abogacía española

El libro se presentó en el salón de actos.



Santiago Muñoz Machado, Darío Villanueva y Rafael Catalá

              Por   Avenabet Mercado

              Correos: avenabet@yahoo.es

                              bakmer.guerrero@yahoo.com

 Hoy todos los escenarios cambian cuando hablamos de la importancia de la educación para potencial el desarrollo de los pueblos. Los avances tecnológicos son de gran ayuda en el proceso en que los ciudadanos del mundo forman parte de un nuevo escenario: El Internet.

Como humanista no puedo pasar por alto el gran aporte que realiza la Real Academia Española (RAE) por acercar las naciones del mundo mediante el aporte a la cultura. 

Y más ahora, en la actual coyuntura social de creciente deterioro y deshumanización de la educación.  

Es preciso que hoy "educador" y "educando", maestro y alumno se den las manos porque el avance de los procesos tecnológicos, en la plataforma educativa, nos mueven a un nuevo escenario que debe ser cada día más humano y meno comercial para así evitar el deterioro absoluto de la escuela pública, o aún más, de nuestras universidades.

Ha llegado el momento de transformar y construir el escenario de un nuevo sistema educativo, basado en el concepto de un ser humano histórico y más social. 

Hoy la RAE nos trae la historia de la abogacía española. Veamos en esta historia el pensar coherente de los grandes hombres en universidades de España, el desenvolvimiento emotivo de los jóvenes abogados, en cada época; además, los pilares impostergables de un nuevo paradigma jurídico basado en los más elevados principios éticos como base fundamental de un mundo que debe avanzar con equidad.  

En hora buena

En hora buena, se ha presentado en la  en la Real Academia Española (RAE) la Historia de la abogacía española, obra colectiva en dos tomos dirigida por Santiago Muñoz Machado, secretario de la corporación, y publicada por la editorial Aranzadi.

En la sesión, celebrada en el salón de actos y presidida por el director de la RAE, Darío Villanueva, han participado también —y en este orden— Javier Moscoso, presidente del Consejo Editorial de Aranzadi; Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y coordinador de la publicación; el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.
El propósito de Santiago Muñoz Machado con este libro ha sido acercarse «al abogado como personaje en las diferentes épocas históricas [...]. Su influencia política, la presencia social del abogado, la idea y valoración que tienen de él las comunidades en las que se desarrolla su actividad, las visiones de la abogacía y sus practicantes reflejadas en la literatura de cada etapa, la forma en que los abogados se asocian y organizan en cofradías y corporaciones profesionales, la formación requerida para el ejercicio, la evolución de los planes de estudio y su orientación».
Más detalle de la información en la RAE

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La “denuncia” daña reputaciones en Panamá

      Por Avenabet Mercado

             avenabet@yahoo.es

   Como expediente para ganar capital político, confundir a la opinión pública y destruir reputaciones, la denuncia- por lo generar sin pruebas fehacientes y a veces hasta mentirosa- se ha convertido en un arma devastadora en la sociedad panameña.

     La denuncia es utilizada como un expediente de uso corriente por políticos, empresarios y profesionales y, sobre todo, por reporteros jóvenes que se dejan utilizar por políticos mañosos,mediocres o aberrantes. 

     De por sí, la denuncia no es objetable. Sin embargo, para que sea legítima el que la hace debe contar con pruebas calificadas que avalen sus pronunciamientos.

En este último caso, las denuncias sirven un fin social y pueden jugar el papel- muy importante- de asistir a las instituciones de la Justicia en la persecución de crímenes o delitos así como a las autoridades en la lucha incesante contra la corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, la evasión de impuestos y, en casos extremos, hasta la subversión.

      Empero, lanzada a los vientos irresponsablemente, la denuncia se convierte en un peligroso instrumento de disolución social, de desinformación y de confusión general. De ahí que se imponga como condición indispensable que quien la haga actué con responsabilidad y la sostenga con la exposición de los hechos concretos que la fundamentan.

                                                 Daños políticos

    El que se hace eco de una denuncia debe percatarse, en primer término, de la seriedad de la misma. Tan dañino es el que hace una denuncia falsa como aquel que la repite, no importa en que circunstancias ha sido hecha o dónde.

     Cualquier ciudadano ha sido afectado con falsa denuncia pública, incluso hasta políticos con excelente agenda de liderazgo han sido dañado con supuestas denuncias dirigidas hacia sus agendas de trabajos diarios por el país.

                                            

    No olvidemos aquella nulidad de la condena, por tres años, que el Tribunal de Apelaciones y Consultas de Panamá decretó a favor de la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, acusada divulgar  supuestos correos electrónicos.

   

     Nadie se escapa del arma de la “denuncia” pública como capital político.  Existen en Panamá ciudadanos dedicados a dañar figuras políticas, no olvidemos aquel caso en que el  “ Gobierno de Panamá ha denunciado ante el Ministerio Público que la Administración de la ex presidenta Mireya Moscoso estuvo vinculada a la desaparición de equipos técnicos  en la televisión estatal, Radio Televisión Educativa (RTVE).”

 Y las carretas de las denuncias no se detienen para dañar la figura política del ex presidente Martín Torrijos, no se olvide cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló un proceso y ordenó el archivo del expediente por un supuesto caso de corrupción.

     Otro caso muy marcado de calumnia y “denuncia” fue aquel para dañar el liderazgo político del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien más luego salió al frente para denunciar un "abuso de autoridad" .

                                                 Denuncia y regla clara

      En Panamá ya es tiempo de empezar a hacer un alto. La democracia nos ha valido muchos sacrificios, debemos evitar que caiga en un abismo insalvable entre gobierno y sociedad. Nadie tiene derecho a dañar reputaciones con acusaciones desaprensivas. Por supuesto la denuncia – cuando es seria- desempeña una función social de importancia.

Cuando se exterioriza con un depurado sentido del deber contribuye al saneamiento de las sociedades. De manera pues que cuando se cuenta con los elementos necesarios para respaldarla, la denuncia resulte un excelente canal de profilaxis social y política. Son muchos los que abusan de su poder en una sociedad, porque saben que sus miembros o son, por naturaleza, tímidos, o han sido intimidados.

     Si hay que hacer denuncias, que se hagan; pero que al propio tiempo se presenten las pruebas que les sirven de base. Si hay que acusar a quienes prevarican, a quienes viven de negocios ilícitos, que se haga; pero que también se diga, primero, en qué consisten las actuaciones que se pueden calificar de tales y qué pruebas se tiene de ello.  Y, segundo, que las pruebas se entreguen responsablemente al Ministerio Público.

    Si siguiéramos esas dos reglas, esta sociedad sería mucho mejor; también tendríamos menos razones para sentir el temor que a muchos asalta de que nos estemos colocando al borde de un precipicio insondable.

     En el caso nuestro – como periodistas- procuremos ser veraces cuando estemos en el escenario de las noticias; de igual forma, vale para todos los profesionales y cualquier ciudadano, hay que procurar tener el valor de la verdad y honestidad al denunciar la irregularidad, la corrupción y el crimen.

     Nadie debe sentir temor alguno cuando posee la prueba de que algo impropio está ocurriendo. Esto así, porque es un deber de todo buen ciudadano denunciar los desgreños administrativos. Y una responsabilidad que solo podemos evadir a costo de hacer esta sociedad mucho más corrupta de lo que ya es.

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El sistema judicial en Panamá

Por Avenabet Mercado 

          avenabet@yahoo.es

La manera como se presenta el ámbito judicial en Panamá, donde algunos aspectos inquietan y la lucha para enfrentar cualquier nivel de corrupción espanta, es para debatir, revisar, criticar, tratar de corregir y juzgar. Aquí a los jueces honestos no los aplauden, sino que los arrinconan. Pareciera que nadie le interesa que el sistema judicial en nuestro país avance. En ocasiones las acusaciones que hace una fiscalía ofenden porque hay jueces que pasan el tiempo dándole vuelta a la tortilla y acceden a los deseos de las mismas fiscalías.

Por los departamentos de muchas fiscalías avanzan funcionarios extravagantes, no aplican las cosas útiles que debieron aprender en sus universidades porque hasta la ética es pisoteada. Viven en la sociedad, pero no instruyen justicia. Cada uno tiene su mundo de ambiciones, meditando negocios fútiles con personas indiferentes.

Por los pasillos judiciales tendrá que pasar la rueda de la soberanía democrática, aquella donde el poder popular decida. Esto así porque en la coyuntura como debe aplicarse la ley parece que todo se recicla influenciado por el poder económico, más que por la ética de aquellos jurisconsultos que actúan con transparencia.

Es necesario ir pensando en cómo hacer más humano la estructura del Poder Judicial en el país.

El Judicial es un poder más del Estado, aparte del Órgano Legislativo y el Ejecutivo, donde los jueces acceden preparando una oposición, avanzando en la carrera administrativa o con los años de servicio van ocupando puestos de más poder, sin que exista ningún control del poder popular sobre ellos.

Una verdadera independencia judicial debería tener en cuenta, en primer lugar, la elección directa de los jueces y la elección para ellos de sus órganos de Gobierno, sin influencias del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.

Deberíamos iniciar los debates en la Asamblea en interés de seleccionar a los mejores jueces, aquellos que en sus apostolados de jurisprudencia puedan actuar con transparencia y siempre apegado al principio de equidad.

Tendrá que ser así, el escenario judicial de Panamá debe empezar a moverse en una sola dirección ética, sólo si queremos ir en esa dirección; es nuestra responsabilidad y nuestro destino ciudadano el que está en juego, pero también el porvenir de la nación.

Lea el articulo en el diario Panamà Amèrica