Expresidente Ricardo Martinelli:Entre la justicia y conspiración política

Línea Directa

Por Avenabet Mercado
@AvenabetMercado

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, inauguró obras millonarias que van desde grandes carreteras, puentes, mejores pistas de aterrizajes en los aeropuertos y aún todavía el más moderno sistema vial de los países centroamericano como es el Metro.

Martinelli,  el “Loco” como gusta decir al pueblo, llevó servicio de electrificación a las zonas rurales de la República de Panamá, en donde muchos jóvenes estudiaban con guarichas e  incluso, algo mejor, llegó a las comarcas indígenas donde jamás había existido un bombillo y recibieron en algunos sectores el servicio de energía mediante el sistema de panel solar o energía fotovoltaica.

En el mes de abril del año 2014 participó activamente en la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) de Panamá con México y un año ante, en su gestión gubernamental, las instituciones financieras internacionales precisan de que la industria turística (La chimenea sin humo) se potenció como jamás se había observado y llegan al país inversiones por más de 4, 600 millones de dólares.

El Gobierno de Martinelli puso a Panamá en el radar de muchos países del mundo, e incluso las repúblicas de Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, entre otras, ya empezaban a observar cómo se podría desarrollar o potencial las áreas del Mar Pacífico, próxima al Canal de Panamá, el más moderno sistema de fibras ópticas para la comunicación mundial.

En 60 días, "El Loco", desarticuló la pesadilla de los diablos rojos;  un sistema vial de transporte que ningún gobierno había podido desmantelar y el cual significaba la cruz del dolor en la espalda de cada ciudadano.

Pero hoy el calumniado esta aquí, es él mismo quien sale frente a su defensa aun sabiendo que existen manos en la  oscuridad  que están fagocitando las buenas posiciones de una justicia más justa, más democrática y que el actual Presidente de la República, Laurentino Cortizo cohen, un administrador y ganadero, viene orientando desde el inicio de gestión que se cumpla la equidad: Una justicia más justa.

En Panamá ya no puede existir habitación oscura para la conspiración política, hemos empezado a vivir una democracia más justa. No hay azul oscuro. No hay incierto, de modo que infunde temor; no hay persecución política presidencial. No puede haber desconfianza en la justicia para perseguir políticamente por intereses personales.

Vivimos en democracia, la corrupción se castiga con justicia justa. No me lean a mí, léanse ustedes y busquen las respuestas en sus corazones. ¿Acaso, en aquellos debates políticos de promesas de campañas, alguien dijo que el moderno sistema de transporte (como el Metro) no podía hacerse en una gestión presidencial de cuatro años?

 No obstante, hoy Panamá tiene un moderno sistema de transporte. Sí, esto ha sido un hecho y no palabra.

Los sistemas de estadísticas internacionales confirman que al tomar el poder gubernamental el expresidente Ricardo Martinelli la pobreza de Panamá alcanzaba la cifra del 38%, y en su gestión se redujo a 28%. Si eso sucedió así, entonces, ha sido un hecho; no palabra, o promesa sin cumplir.
Si fuera por la fuerza del argumento de la dignidad política,  el equipo de Ricardo Martinelli hubiera ganado las elecciones del  2014. Ahí están sus obras de infraestructuras, desarrollo económico y social.

Si fuera por ser un simple trabajador, también hubiera tenido el triunfo electoral. En Panamá nadie duda que Martinelli iniciaba su gestión laboral a las 8:00 A.M. y aún a las 9:00 P.M. estaba sentado en su escritorio.  Tampoco existen dudas, elevó los salarios mínimos, además de crear bienes públicos con más respuestas al compromiso de la deuda social de la nación.

El país ha escuchado demasiada palabra, demasiada intriga política, demasiada traición o demagogia, en lugar de permitir que suenen otras voces digna de fe: El pueblo. Todo esto así, porque en Panamá tenemos políticos que están más cerca de la “bestia negra” que de los ojos de Dios.

La “denuncia” daña reputaciones en Panamá

      Por Avenabet Mercado

             avenabet@yahoo.es

   Como expediente para ganar capital político, confundir a la opinión pública y destruir reputaciones, la denuncia- por lo generar sin pruebas fehacientes y a veces hasta mentirosa- se ha convertido en un arma devastadora en la sociedad panameña.

     La denuncia es utilizada como un expediente de uso corriente por políticos, empresarios y profesionales y, sobre todo, por reporteros jóvenes que se dejan utilizar por políticos mañosos,mediocres o aberrantes. 

     De por sí, la denuncia no es objetable. Sin embargo, para que sea legítima el que la hace debe contar con pruebas calificadas que avalen sus pronunciamientos.

En este último caso, las denuncias sirven un fin social y pueden jugar el papel- muy importante- de asistir a las instituciones de la Justicia en la persecución de crímenes o delitos así como a las autoridades en la lucha incesante contra la corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, la evasión de impuestos y, en casos extremos, hasta la subversión.

      Empero, lanzada a los vientos irresponsablemente, la denuncia se convierte en un peligroso instrumento de disolución social, de desinformación y de confusión general. De ahí que se imponga como condición indispensable que quien la haga actué con responsabilidad y la sostenga con la exposición de los hechos concretos que la fundamentan.

                                                 Daños políticos

    El que se hace eco de una denuncia debe percatarse, en primer término, de la seriedad de la misma. Tan dañino es el que hace una denuncia falsa como aquel que la repite, no importa en que circunstancias ha sido hecha o dónde.

     Cualquier ciudadano ha sido afectado con falsa denuncia pública, incluso hasta políticos con excelente agenda de liderazgo han sido dañado con supuestas denuncias dirigidas hacia sus agendas de trabajos diarios por el país.

                                            

    No olvidemos aquella nulidad de la condena, por tres años, que el Tribunal de Apelaciones y Consultas de Panamá decretó a favor de la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, acusada divulgar  supuestos correos electrónicos.

   

     Nadie se escapa del arma de la “denuncia” pública como capital político.  Existen en Panamá ciudadanos dedicados a dañar figuras políticas, no olvidemos aquel caso en que el  “ Gobierno de Panamá ha denunciado ante el Ministerio Público que la Administración de la ex presidenta Mireya Moscoso estuvo vinculada a la desaparición de equipos técnicos  en la televisión estatal, Radio Televisión Educativa (RTVE).”

 Y las carretas de las denuncias no se detienen para dañar la figura política del ex presidente Martín Torrijos, no se olvide cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló un proceso y ordenó el archivo del expediente por un supuesto caso de corrupción.

     Otro caso muy marcado de calumnia y “denuncia” fue aquel para dañar el liderazgo político del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien más luego salió al frente para denunciar un "abuso de autoridad" .

                                                 Denuncia y regla clara

      En Panamá ya es tiempo de empezar a hacer un alto. La democracia nos ha valido muchos sacrificios, debemos evitar que caiga en un abismo insalvable entre gobierno y sociedad. Nadie tiene derecho a dañar reputaciones con acusaciones desaprensivas. Por supuesto la denuncia – cuando es seria- desempeña una función social de importancia.

Cuando se exterioriza con un depurado sentido del deber contribuye al saneamiento de las sociedades. De manera pues que cuando se cuenta con los elementos necesarios para respaldarla, la denuncia resulte un excelente canal de profilaxis social y política. Son muchos los que abusan de su poder en una sociedad, porque saben que sus miembros o son, por naturaleza, tímidos, o han sido intimidados.

     Si hay que hacer denuncias, que se hagan; pero que al propio tiempo se presenten las pruebas que les sirven de base. Si hay que acusar a quienes prevarican, a quienes viven de negocios ilícitos, que se haga; pero que también se diga, primero, en qué consisten las actuaciones que se pueden calificar de tales y qué pruebas se tiene de ello.  Y, segundo, que las pruebas se entreguen responsablemente al Ministerio Público.

    Si siguiéramos esas dos reglas, esta sociedad sería mucho mejor; también tendríamos menos razones para sentir el temor que a muchos asalta de que nos estemos colocando al borde de un precipicio insondable.

     En el caso nuestro – como periodistas- procuremos ser veraces cuando estemos en el escenario de las noticias; de igual forma, vale para todos los profesionales y cualquier ciudadano, hay que procurar tener el valor de la verdad y honestidad al denunciar la irregularidad, la corrupción y el crimen.

     Nadie debe sentir temor alguno cuando posee la prueba de que algo impropio está ocurriendo. Esto así, porque es un deber de todo buen ciudadano denunciar los desgreños administrativos. Y una responsabilidad que solo podemos evadir a costo de hacer esta sociedad mucho más corrupta de lo que ya es.

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El sistema judicial en Panamá

Por Avenabet Mercado 

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La manera como se presenta el ámbito judicial en Panamá, donde algunos aspectos inquietan y la lucha para enfrentar cualquier nivel de corrupción espanta, es para debatir, revisar, criticar, tratar de corregir y juzgar. Aquí a los jueces honestos no los aplauden, sino que los arrinconan. Pareciera que nadie le interesa que el sistema judicial en nuestro país avance. En ocasiones las acusaciones que hace una fiscalía ofenden porque hay jueces que pasan el tiempo dándole vuelta a la tortilla y acceden a los deseos de las mismas fiscalías.

Por los departamentos de muchas fiscalías avanzan funcionarios extravagantes, no aplican las cosas útiles que debieron aprender en sus universidades porque hasta la ética es pisoteada. Viven en la sociedad, pero no instruyen justicia. Cada uno tiene su mundo de ambiciones, meditando negocios fútiles con personas indiferentes.

Por los pasillos judiciales tendrá que pasar la rueda de la soberanía democrática, aquella donde el poder popular decida. Esto así porque en la coyuntura como debe aplicarse la ley parece que todo se recicla influenciado por el poder económico, más que por la ética de aquellos jurisconsultos que actúan con transparencia.

Es necesario ir pensando en cómo hacer más humano la estructura del Poder Judicial en el país.

El Judicial es un poder más del Estado, aparte del Órgano Legislativo y el Ejecutivo, donde los jueces acceden preparando una oposición, avanzando en la carrera administrativa o con los años de servicio van ocupando puestos de más poder, sin que exista ningún control del poder popular sobre ellos.

Una verdadera independencia judicial debería tener en cuenta, en primer lugar, la elección directa de los jueces y la elección para ellos de sus órganos de Gobierno, sin influencias del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.

Deberíamos iniciar los debates en la Asamblea en interés de seleccionar a los mejores jueces, aquellos que en sus apostolados de jurisprudencia puedan actuar con transparencia y siempre apegado al principio de equidad.

Tendrá que ser así, el escenario judicial de Panamá debe empezar a moverse en una sola dirección ética, sólo si queremos ir en esa dirección; es nuestra responsabilidad y nuestro destino ciudadano el que está en juego, pero también el porvenir de la nación.

Lea el articulo en el diario Panamà Amèrica

Diplomacia y crisis

Por Avenabet Mercado
avenabet@yahoo.es

Siempre mueve a preocupación que las designaciones del personal en el Servicio Consular  obedezcan, desde muchas décadas, a complacencias de índole politiquera-partidista, sin tomar en cuenta la capacidad e idoneidad de los que llevarán la alta misión de enarbolar la buena imagen de la República de Panamá a nivel internacional.

Son escasos los funcionarios en nuestras embajadas y consulados que

reúnen el índice académico para ejercer bien su función y peor aún,  tenemos como pocos contados los de Carrera Diplomática, quienes son egresados de nuestra Universidad Nacional o de otras altas casas de estudios superiores.

Ya es tiempo que nos detengamos a mirar las caras de otras naciones en donde la carrera del servicio diplomático se distingue, ordena y va aplicándose en base a una minuciosa selección del personal;  en el avance de los nombramientos  ellas no dan las espaldas a las universidades, donde la materia primordial es la especialización de relaciones internacionales y el manejo de la diplomacia; no predominan en los nombramientos esos  amiguismos, influencias políticas, familiares y compadrazgos.

Necesitamos muchos diplomáticos atrevidos, para hacer el bien al porvenir  de la  nación. Tenemos que ir eliminando a esos representantes consulares que gustan el escamotear documentos.

Sí, aquellos que son indiferentes a las leyes que rigen al comercio internacional entre naciones y ejercen sus labores administrativas de festín en festín; esos que no acuden en defensa de cualquier panameño afectado, en ocasiones,  por un simple  incidente social.

En los puestos diplomáticos necesitamos buenos profesionales, honestos y atrevidos para hacer el bien o resueltos para decir la  verdad. Así deberán ser  aquellos ilustres  panameños  que, antes de ser admitidos en los cargos, ya las autoridades saben  que  desde su juventud traen de sus hogares las buenas costumbres.

Aceptemos y reafirmemos el elevado valor educativo que nos entrega la Universidad Santamaría La Antigua [USMA], Universidad de Panamá [UP], Universidad Latina, entre otras, en su apoyo a la Carrera Diplomática, reglamentada en 1969 y denominada  ‘Escuela de Servicio Diplomático’. Toquemos las puertas de nuestras universidades, estos cargos conllevan el compromiso de elevar a Panamá en un honroso sitial a nivel mundial.

Pecados políticos y diputados que ladran

11 | 01 | 2013
Por : Avenabet Mercado
avenabet@yahoo.es

En nuestra nación hay asuntos que requieren de urgencia, la justicia es una de ella. Ha llegado el tiempo en que los ciudadanos deben aprender que nada rasca mejor nuestra piel que la propia uña. Tenemos algunas organizaciones sociales y políticos oportunistas que literalmente no sirven para nada. Esto es así porque hoy, en plena jornada de la democracia, observamos organizaciones ciudadanas con excelentes trayectorias en su lucha para enfrentar la corrupción y también notamos otras que distan muchos de su razón de ser: están sumergidas en la inercia, padecen una metamorfosis en la que adquieren un carácter sectario, exclusivista y de club social. Recientemente, en sesión de Gabinete, se acordó nombrar a Ana Isabel Belfon como nueva procuradora general de la nación, y hubo quienes la adversaron sin saber aún cuál sería su línea de ejecución. Belfon hizo una larga carrera en el Ministerio Público, empezó desde abajo, como personera municipal hasta llegar al cargo de fiscal superior. Sus funciones no estaban relacionadas con la parte política ni del Órgano Ejecutivo, sino del sistema judicial del Estado. En la jornada por la justicia, ella fue la asesora legal de una de las mujeres civilistas más luchadoras contra la dictadura militar: la exalcaldesa Mayín Correa. Es una funcionaria actualizada, cuenta con una maestría en el Sistema Penal Acusatorio, profesional del Derecho y conoce perfectamente lo relacionado al Derecho Penal. Su llegada a la Procuraduría de la Nación puede ayudar para dar respuestas a algunos reclamos, que requieren de correctivos formales. No olvidemos aquella crisis política que nos dejaron las investigaciones del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), donde hasta dirigentes sindicales resultan embarrados. Es tiempo de empezar a poner orden. Aquí la justicia, muchas veces, utiliza un lenguaje judicial que la gente común no puede hablar, no puede entender, no puede escribir y, peor aún, con frecuencia, varios procesos judiciales están abiertos al soborno. Hoy, pocos jurisconsultos quieren detenerse para analizar los problemas que sufren los ciudadanos cuando van a resolver un caso penal. En las oficinas todo es un manoseo de papeles, un laberinto. Peor, algunos tribunales superiores son como árboles de silencio donde las personas van buscando respuestas judiciales y salen sin resolver nada. Allí, desde la raíz más pequeña, es tan difícil encontrar un leñador que realmente dedique su tiempo a dar respuestas jurídicas para aquellas personas que nada tienen y nadie quiere oír. Si Belfon ha llegado a la Procuraduría para enfrentar cualquier condición de delitos graves, cualquier asomo de corrupción o para unirse a esos magistrados y jueces que velan por la correcta administración de justicia, entonces, tiene que ser aplaudida. Necesitamos un Panamá justo, necesitamos abogados y jueces de absoluta honradez y lealtad, necesitamos una disposición moral a mantener viva la justicia ante la adversidad de quien es víctima de abuso y que le retribuyan lo que le corresponde por ley. En el Órgano Judicial no podemos seguir aplaudiendo que en el desempeño de gestiones estén algunas manos de políticos o diputados que mantienen espíritu mezquino, mediocre y, más que todo, aberrante. Recordemos recientes legislaturas en nuestra joven democracia, y más en tiempos de la dictadura militar, todos sabemos muy bien cuánto esfuerzo cuesta vencer aquella repugnancia que inspiraban ciertos diputados cuando hablaban de patriotismo y pisoteaban el santuario de las leyes. Mientras la caravana de la jurisprudencia avanza, hay que apartar del camino los pecados políticos y aquellos diputados que ladran porque olvidan que la justicia es una condición necesaria para la paz democrática y el desarrollo de nuestra nación.

Lea éste artículo en el Panamá América.