Por
Avenabet Mercado
Como expediente
para ganar capital político, confundir a la opinión pública y destruir
reputaciones, la denuncia- por lo generar sin pruebas fehacientes y a veces
hasta mentirosa- se ha convertido en un arma devastadora en la sociedad
panameña.
La
denuncia es utilizada como un expediente de uso corriente por políticos,
empresarios y profesionales y, sobre todo, por reporteros jóvenes que se dejan utilizar
por políticos mañosos,mediocres o aberrantes.
De por sí,
la denuncia no es objetable. Sin embargo, para que sea legítima el que la hace
debe contar con pruebas calificadas que avalen sus pronunciamientos.
En este último caso, las denuncias sirven un fin
social y pueden jugar el papel- muy importante- de asistir a las instituciones
de la Justicia en la persecución de crímenes o delitos así como a las
autoridades en la lucha incesante contra la corrupción administrativa, el
enriquecimiento ilícito, la evasión de impuestos y, en casos extremos, hasta la
subversión.
Empero,
lanzada a los vientos irresponsablemente, la denuncia se convierte en un peligroso
instrumento de disolución social, de desinformación y de confusión general. De
ahí que se imponga como condición indispensable que quien la haga actué con
responsabilidad y la sostenga con la exposición de los hechos concretos que la
fundamentan.
Daños políticos
El que se hace eco de una denuncia debe
percatarse, en primer término, de la seriedad de la misma. Tan dañino es el que
hace una denuncia falsa como aquel que la repite, no importa en que
circunstancias ha sido hecha o dónde.
Cualquier
ciudadano ha sido afectado con falsa denuncia pública, incluso hasta políticos
con excelente agenda de liderazgo han sido dañado con supuestas denuncias
dirigidas hacia sus agendas de trabajos diarios por el país.
No
olvidemos aquella nulidad de la condena, por tres años, que el Tribunal de
Apelaciones y Consultas de Panamá decretó a favor de la dirigente del Partido
Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, acusada divulgar supuestos correos
electrónicos.
Nadie se
escapa del arma de la “denuncia” pública como capital político. Existen en Panamá ciudadanos dedicados a
dañar figuras políticas, no olvidemos aquel caso en que el “ Gobierno de Panamá ha denunciado ante el Ministerio Público
que la Administración de la ex presidenta Mireya Moscoso estuvo vinculada a la
desaparición de equipos técnicos en la
televisión estatal, Radio Televisión Educativa (RTVE).”
Y las
carretas de las denuncias no se detienen para dañar la figura política del ex
presidente Martín Torrijos, no se olvide cuando la Corte
Suprema de Justicia de Panamá anuló un proceso y ordenó el archivo del
expediente por un supuesto caso de corrupción.
Otro
caso muy marcado de calumnia y “denuncia” fue aquel para dañar el liderazgo político
del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien más luego salió al frente
para denunciar un
"abuso de autoridad" .
Denuncia
y regla clara
En
Panamá ya es tiempo de empezar a hacer un alto. La democracia nos ha valido
muchos sacrificios, debemos evitar que caiga en un abismo insalvable entre
gobierno y sociedad. Nadie tiene derecho a dañar reputaciones con acusaciones desaprensivas.
Por supuesto la denuncia – cuando es seria- desempeña una función social de
importancia.
Cuando se exterioriza con un depurado sentido del
deber contribuye al saneamiento de las sociedades. De manera pues que cuando se
cuenta con los elementos necesarios para respaldarla, la denuncia resulte un
excelente canal de profilaxis social y política. Son muchos los que abusan de
su poder en una sociedad, porque saben que sus miembros o son, por naturaleza, tímidos,
o han sido intimidados.
Si hay
que hacer denuncias, que se hagan; pero que al propio tiempo se presenten las
pruebas que les sirven de base. Si hay que acusar a quienes prevarican, a
quienes viven de negocios ilícitos, que se haga; pero que también se diga,
primero, en qué consisten las actuaciones que se pueden calificar de tales y
qué pruebas se tiene de ello. Y,
segundo, que las pruebas se entreguen responsablemente al Ministerio Público.
Si siguiéramos
esas dos reglas, esta sociedad sería mucho mejor; también tendríamos menos
razones para sentir el temor que a muchos asalta de que nos estemos colocando
al borde de un precipicio insondable.
En el
caso nuestro – como periodistas- procuremos ser veraces cuando estemos en el
escenario de las noticias; de igual forma, vale para todos los profesionales y
cualquier ciudadano, hay que
procurar tener el valor de la verdad y honestidad al denunciar la
irregularidad, la corrupción y el crimen.
Nadie
debe sentir temor alguno cuando posee la prueba de que algo impropio está
ocurriendo. Esto así, porque es un deber de todo buen ciudadano denunciar los
desgreños administrativos. Y una responsabilidad que solo podemos evadir a
costo de hacer esta sociedad mucho más corrupta de lo que ya es.
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