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Los Estados están obligados, según el
Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, a "adoptar
posiciones y estrategias conjuntas para la defensa legítima de sus respectivos
connacionales en el exterior" frente a medidas tendientes a su
repatriación o expulsión.
Las autoridades en Panamá deberán dedicar
capítulos especiales a esos planteamientos debido al flujo constantes de
emigrantes por el territorio nacional, principalmente en los únicos puntos
fronterizos de Costa Rica y Colombia como son las trochas de Paso Canoas y
Darién.
Y no solamente debe hacer el esfuerzo
Panamá, sino que también las naciones del Istmo Centroamericanos tendrán que
sumarse a un trabajo conjunto de políticas serias, honestas y amigables con la
realidad social que se vive en la región acorralada por los niveles de
desempleo, crisis en la familia y una violencia de pandillas que avanza sin
control igual que un Caballo de Troya.
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Bélices, Panamá y Colombia, incluyendo a México, tienen unos grandes
compromisos aplicables a la atención de las causas de la migración forzada y a
la obligación de propiciar un cambio progresivo en la calidad de vida de sus
pueblos.
Y pensamos está ocasión será bien oportuna
cuando, en próximas jornadas, el Consejo Centroamericano de Procuradores deDerechos Humanos inicie reunión en Panamá para abordar la problemática de las
personas migrantes o desplazados en Centroamérica y América del Sur, con
nuestros queridos hermanos venezolanos, quienes pasan por situaciones de dolor
y merecen muchas manos de ayuda.
Todos juntos hagamos
una gran jornada política, social y humana para ayudar a todos los emigrantes
venezolanos, allí se observan escenas duras de soportar. Panamá ha extendido un
punto de apoyo a muchas familias que tocan nuestras puertas, igual deberá
hacerlo Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, República Dominica,
Puerto Rico y todas las islas de El Caribe, e igual que las naciones de Europa
que comprenden la dureza de ser inmigrantes.
Los cancilleres de América Latina,
expertos en temas de Derechos Humanos, sociólogos, autoridades de policías,
empresarios, abogados en sí, todos los gobiernos, deberían dejar a un lado cualquier diferencia
regional y sentarse con seriedad y más celeridad para apoyar
oportunamente con acciones concretas una realidad social que hoy nos golpea a
todos.
La migración "no debe ser
criminalizada" por los países de tránsito y de destino, pues con ello
"violentan los derechos humanos" de los migrantes, quienes tienen
derecho al reconocimiento y respeto de su personalidad jurídica.
Entonces, oportuno es el momento en
Panamá; debemos observar como necesario “avanzar “en la implementación del Plan Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica para contrarrestar los
factores que causan el desplazamientos forzado y la migración irregular.
El
teatro que hoy vemos en Venezuela, con aquellas escenas de dolor, deberías
darnos vergüenza a todos. El papel de la democracia en América necesita de una
nueva música. En Chile se le extiende
las manos de ayuda a los venezolanos, lo hace Perú y también Colombia; pero se
necesita un esfuerzo mayor que llegue con fuerza a las Naciones Unidas.
La
trata de blanca, escenas bien dolorosas y humillantes, es un problema de todo;
el pandillerismo es un problema de todos y la represión política a ciudadanos
indefensos: También es un problema de todos.
Empecemos hoy, desde cualquier instancia,
a velar y exigir pleno respeto de los derechos humanos y que centralicen su
atención en la población migrante y sus familiares. Hagámoslos todos juntos y
más aún, por el dolor a la niñez.